Las Sociedades de Gestión Colectiva y el impacto en el cobro de regalías por derechos de autor y conexos

Las Sociedades de Gestión Colectiva y el impacto en el cobro de regalías por derechos de autor y conexos

La creación de una obra musical, cualquiera que sea esta, determina para su autor, el goce de dos tipos de derechos; por una parte, el llamado derecho moral que confiere al creador de la obra, entre otras facultades, la de exigir que se le reconozca como creador de esta e impedir cualquier modificación o alteración de esta. Por otra parte, confiere a su creador un derecho exclusivo de explotar su obra bajo cualquier forma y de obtener por ello beneficios económicos, reconociéndole un derecho patrimonial sobre su creación que le confiere el derecho exclusivo y excluyente de autorizar o prohibir la reproducción, difusión o comunicación publica de la obra.

El ejercicio de los derechos de autor se encuentra regulado en la legislación peruana por el Decreto Legislativo nº822, Ley sobre Derechos de Autor, reconociendo esta, además de los derechos del creador o autor de la obra, una serie de derechos denominados conexos al derecho de autor, entre los que se encuentran los derechos de los artistas interpretes y ejecutantes y de los productores de fonogramas, generados por la comunicación pública del fonograma.

A partir de la legislación sobre derechos de autor, determinamos la coexistencia de tres grupos de derechos; en primer lugar, el derecho de los creadores o autores de la obra y compositores; atribuidos al autor de la letra y música; así como, al arreglista y compositor, es decir, a aquellos que formaron parte de la creación intelectual protegida.

En segundo lugar, el derecho de los artistas intérpretes y ejecutantes, es decir, atribuido a quien canto, interpreto o toco la obra protegida para su creación, y en tercer lugar, la ley reserva un nivel de protección, no menos importante a los anteriores, también para los productores fonográficos, quienes pueden permitir, autorizar o restringir la reproducción directa o indirecta de los fonogramas producidos por estos. 

Si bien no se requiere de una autorización previa para la explotación de dichos derechos conexos, se deberá cumplir con el pago de las remuneraciones correspondientes.

Los autores gozan de un derecho de exclusividad sobre sus obras, el cual es reconocido a partir de su creación. En tal sentido, a fin de poder explotar sus obras, se requiere de la autorización previa y expresa del titular originario o derivado de los derechos de autor. Asimismo, los artistas intérpretes y ejecutantes, los productores de fonogramas, los productores de obras audiovisuales, entre otros; gozan de un derecho de remuneración sobre la explotación de sus creaciones. En tal sentido, si bien no se requiere de una autorización previa para la explotación de dichos derechos conexos, se deberá cumplir con el pago de las remuneraciones correspondientes.

Sin embargo, dejar en manos del autor, productor o artista la gestión (autorización y cobro) de los derechos de comunicación pública que les corresponde, resulta poco práctico, considerando que sus obras podrían ser escuchadas en diversos establecimientos comerciales a nivel nacional e internacional.

Por eso razón nuestra legislación prevé que el cobro y recaudación de las regalías por los derechos de autor y conexos generados por la difusión o comunicación pública de las obras musicales, se realice a través de las llamadas Sociedades de Gestión Colectiva (SGC), cuya autorización y fiscalización se encuentra a cargo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

Las entidades de gestión están obligadas entre otras cosas a determinar las tarifas, las deberán ser razonables, equitativas y proporcionales a los ingresos que el usuario podría obtener por la explotación del repertorio convenido, según lo dispone el Decreto Legislativo Nº822, artículo 153, literal e). En virtud de lo establecido en el Decreto Legislativo N°822 y de la Ley N°28131 -Ley del artista intérprete y ejecutante, los titulares de derechos de autor y conexos, gozan de un derecho de exclusiva sobre sus obras, el cual es reconocido a partir de su creación. 

En ese sentido, en materia de derechos de autor, el INDECOPI reconoce las siguientes sociedades de gestión colectiva:

  • La Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC), facultada al cobro, recaudación y administración de las regalías por los derechos de autor.
  • La Asociación Nacional de Artistas Interpretes y Ejecutantes (ANAIE), entidad de gestión colectiva facultada a recaudar y administrar las regalías derivadas de los derechos patrimoniales de los artistas ejecutantes e intérpretes de las canciones.
  • La Unión Peruana de Productores Fonográficos (UNIMPRO); entidad de gestión colectiva cuya finalidad es la protección de los derechos conexos de los productores de fonográficos.
  • La Asociación Peruana de Artistas Visuales (APSAV)
  • Entidad de Gestión Colectiva de Derechos Audiovisuales (EGEDA PERU)

Consecuentemente, la difusión de una misma canción u obra musical se encuentra sujeta al cobro de regalías por mas de una sociedad de gestión colectiva, pues por una parte deberá pagarse las regalías a favor de APDAYC, por los derechos de autor y en segundo lugar se sujetan al pago de derechos conexos para los artista interpretes y ejecutantes y productores de las mismas, estos últimos cuya recaudación esta  a cargo en conjunto de UNIMPRO, a través del cobro de una remuneración única, la cual debe ser compartida, en partes iguales, entre los productores y los artistas interpretes y ejecutantes.

Ahora bien, para el cobro de las regalías cada sociedad de gestión colectiva debe publicar previamente su tarifario, el cual debe ser aprobado por INDECOPI, sin que los usuarios de las obras protegidas puedan participar de dicho procedimiento de aprobación, no obstante que, la ley concede el derecho de que los usuarios agrupados en gremios o grupos representativos, puedan acudir en arbitraje ante INDECOPI a fin que dicha entidad establezca criterios para la aplicación de las mimas en caso las encuentre excesivas. Sin embargo, ello no faculta al desconocimiento de las tarifas por parte de los usuarios, o aun por parte de las propias sociedades de gestión, quienes no estarían facultadas a aplicar tarifas distintas a las aprobadas por INDECOPI.

El presente artículo no pretende desconocer el derecho de los creadores de obras artísticas musicales, de sus productores o de sus artistas interpretes y ejecutantes, al cobro de las regalías derivadas de sus derechos, ni mucho menos cuestionar la legitimidad de las sociedades de gestión colectiva, reconocidos como entes recaudadores y administradores de dichas regalías, sino por el contrario, reflexionar en torno a la desprotección que en la practica tienen los usuarios de las obras musicales para evitar el cobro de tarifas que en muchos casos resultan ser excesivas y arbitrarias en su aplicación; situación de la cual no son los establecimientos comerciales, para quienes el cobro de estas tarifas resulta ser un sobre costo a la operatividad del negocio que termina por desalentar, muchas veces, el uso de dichas obras musicales. 

Ciertamente para un establecimiento comercial común y corriente, el cual no necesariamente esta involucrado con la problemática legal en torno al mundo de los derechos de autor y conexos, le resulta por demás extraño que diversas entidades llamadas sociedades de gestión colectiva se atribuyan el cobro de regalías derivadas de los derechos de autor y conexos, sobre la base de tarifas, hasta entonces desconocidas para ellos, sin que ello signifique el desconocimiento de las mismas, puesto una vez aprobadas por el INDECOPI, dichas tarifas son de obligatorio cumplimiento.

Si bien, las sociedades de gestión colectiva deben tener a disposición de los usuarios, tanto las tarifas como el repertorio de los titulares de derechos nacionales y extranjeros, que administren y representan, la Ley sobre Derechos de Autor prevé la posibilidad de cuestionar la aplicación de dichas tarifas a través de un Arbitraje; sin embargo, dicho mecanismo de cuestionamiento no resulta ser del todo eficaz para los usuarios de las obras, pues por una parte, establece la obligatoriedad de efectuar el depósito o consignación judicial  de la cantidad exigida por la entidad aún a pesar de encontrarse en tramite un arbitraje para discutir la aplicación de las mismas; y por otro lado, establece además, que dicho procedimiento de cuestionamiento sea a instancia única, y en virtud a ello, contra la resuelto por la Comisión no procede la interposición de recurso impugnativo alguno, lo que constituye una abierto recorte al derecho de contradicción de los usuarios administrados y al principio constitucional de la doble instancia.

La ley sobre derechos de autor ha hecho algunos intentos por regular adecuadamente algunos mecanismos de protección a favor de los usuarios de las obras musicales frente a la posible aplicación arbitraria de las tarifas, sin embargo, estos no pasan de ser meras normas declarativas para que las tarifas sean razonables y equitativas, sin embargo, no se establece un mecanismo de participación de los usuarios en la aprobación de estas. Y es que, conforme a la Ley sobre Derechos de Autor, las tarifas generales y sus modificaciones aprobadas por INDECOPI surten efectos por el solo merito de su publicación en el Diario Oficial El Peruano y en un diario de amplia circulación nacional, con una anticipación no menor de treinta días calendario, a la fecha de su entrada en vigor, sin que los usuarios de éstas puedan observar las tarifas antes de su aprobación, ni mucho menos evitar su aplicación posterior; puesto que, el incumplimiento en el pago de las regalías a favor de las sociedades de gestión conllevan a la imposición conjunta o indistinta de diversas sanciones por parte de INDECOPI, las cuales van desde una simple amonestación hasta el cierre definitivo del establecimiento, pasando incluso por multas pecuniarias muy elevadas, sin perjuicio de las acciones penales por delito contra la propiedad intelectual.

Esta situación, nos hace reflexionar sobre la necesidad de revisar el marco normativo referido al cobro y recaudación de las regalías por los derechos de autor y conexos generados por la difusión o comunicación pública de las obras musicales, pues, si bien no se requiere de una autorización previa para la explotación de dichos derechos conexos, si se debe cumplir con el pago de las remuneraciones correspondientes, sin embargo, el pago de los derechos por dicha explotación no debe ser excesivo ni arbitrario al punto de convertirse en una carga gravosa para el establecimiento comercial que termine por desalentar su uso o llevarlo a la informalidad.