¿Como enfrentar los impactos negativos que la propagación del Covid-19 genera en la economía de las empresas?

¿Como enfrentar los impactos negativos que la propagación del Covid-19 genera en la economía de las empresas?

Es innegable que la paralización de la actividad económica mundial y nacional generada por la propagación del Covid-19, ha generado efectos negativos que en mucho casos serán irreparables, por lo que, cabe preguntarnos si el marco legal actual ofrece a las empresas herramientas efectivas que ayuden a enfrentar esta crisis financiera y cuyos efectos ya se están viendo en forma inmediata con el cierre de muchas empresas, el gran número de trabajadores sin empleo, y que, sin duda alguna se seguirán materializando en el mediano y largo plazo.

Mediante Decreto Legislativo N°1511 del 11 de mayo pasado y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N°102-2020-PCM de fecha 7 de junio de 2020, se creó y puso en funcionamiento el Procedimiento Acelerado de Refinanciación Concursal, sus siglas PARC, que nace con la finalidad de permitir a las personas jurídicas (micro, pequeñas, medianas y grandes empresas) celebrar con sus acreedores el Plan de Refinanciación Empresarial para proteger a la empresa, reprogramar sus obligaciones impagas y evitar su insolvencia, para permitir conservar los negocios y fuentes de empleo.

El PARC es un procedimiento de naturaleza excepcional y transitorio, al cual podrán acogerse las “Entidades Calificadas” hasta el 31 de diciembre de 2020, para permitir a aquellas personas jurídicas que lo soliciten, reprogramar sus obligaciones pendientes de pago, asegurar la recuperación del crédito y la continuidad en la cadena de pagos y evitar su declaración de insolvencia.

Entre las principales características del Procedimiento Acelerado de Refinanciación Concursal, podemos señalar las siguientes:

  • Se considera “Entidad Calificada” a toda persona jurídica que se encuentre en el régimen de la micro, pequeña y mediana empresa, así como, a las que califiquen como grandes empresas, incluidas las asociaciones.
  • La autoridad competente para tramitar dicho procedimiento, en primera instancia, será la Comisión de Procedimientos Concursales y las Comisiones de las Oficinas Regionales del INDECOPI, a las que se haya delegado competencia en materia concursal. En segunda instancia, resolverá la Sala Especializada en Procedimientos Concursal del Tribunal del INDECOPI.
  • El PARC es tramitado exclusivamente como procedimiento administrativo electrónico a través de la mesa de partes virtual habilitada por el INDECOPI, incluso a través de mecanismos para la realización de actos no presenciales.
  • El PARC permite atender la solicitud de acogimiento por parte de la Entidad Calificada, tanto del pedido de reconocimiento de crédito por parte de los acreedores y la realización de Juntas de Acreedores por medios virtuales. Asimismo, los recursos impugnativos previstos.
  • Las Entidades Calificadas podrán acogerse una sola vez al PARC hasta el 31 de diciembre de 2020 y se activa a iniciativa del deudor, flexibilizándose la información requerida para el acogimiento.
  • Una vez publicado en el Boletín Concursal el aviso de inicio del PARC, serán de aplicación los Artículos 17° y 18° de la Ley General del Sistema Concursal (LGSC), que establecen la suspensión de la exigibilidad de todas las obligaciones que el deudor tuviera pendientes de pago a dicha fecha, así como la imposibilidad de afectar su patrimonio con alguna medida cautelar.
  • Se celebrará una Junta de Acreedores con un único punto de agenda: la aprobación o no del Plan de Refinanciación.
  • El Plan de Refinanciamiento será aprobado por la mayoría de los acreedores, sin el voto de los laborales ni los vinculados.
  • Asimismo, a partir de la referida publicación, serán de aplicación los Artículos 19° y 20° de la Ley General de Sociedades, que establecen que el juez declarará ineficaces los actos del deudor que no se refieran al desarrollo normal de su actividad, que perjudiquen su patrimonio y que hayan sido realizados por éste dentro del año anterior a la fecha en que presentó su solicitud para acogerse al procedimiento, y la tramitación de dicha pretensión, respectivamente.
  • De igual forma, con la publicación de inicio del PARC, se debe declarar la improcedencia de cualquier solicitud de inicio de procedimiento concursal ordinario presentada por algún acreedor luego de la presentación de la solicitud de inicio del PARC. En el eventual caso que haya ocurrido lo contrario, y mientras no se haya dispuesto la difusión del procedimiento concursal ordinario, este deberá suspenderse y darse prioridad a la tramitación del PARC, y en caso de que este se admita, el procedimiento concursal ordinario concluirá sin pronunciamiento sobre el fondo.
  • No serán reconocidos los créditos laborales ni aquellos derivados de una relación de consumo con la Entidad Calificada. Tampoco se registrarán los créditos que estén siendo controvertidos.
  • La Junta de Acreedores no sustituye a la Junta de Accionistas, Socios o equivalente, la cual continúa en funciones durante el PARC. La instalación de la Junta de Acreedores tampoco supone retirar los poderes de la administración de la Entidad Calificada ni la facultad de realizar un cambio en esta.
  • Uno de los requisitos que debe cumplir el Plan de Refinanciación Empresarial es que, al menos, el 50% de los recursos que se destinen al año para el pago de los créditos, será asignado para el pago de obligaciones laborales (40%) y créditos derivados de una relación de consumo (10%).
  • La aprobación o desaprobación del Plan de Refinanciación determinará la conclusión del PARC, sin que se requiera la intervención de la autoridad administrativa para ello.
  • Si la Entidad Calificada incumple alguna de sus obligaciones recogidas en el Plan de Refinanciación, este queda resuelto automáticamente, pudiendo solicitar cualquier acreedor el pago de sus créditos en la forma y vía que estime conveniente a su derecho.
  • Las entidades bancarias y financieras no están obligadas a cambiar por una calificación más baja a la de “Normal” o “Con Problema Potencial” a las Entidades Calificadas que se acojan al PARC y mientras dure este procedimiento, y en caso se apruebe el Plan de Refinanciación, durante el tiempo en el que éste se encuentre en ejecución.
  • Se ha dispuesto la modificación del Artículo 31° de la Ley General de Sociedades, a fin de que la declaración de concurso de un deudor no implique el cese de su actividad empresarial, excepto en los casos en los que la Comisión declare la disolución y liquidación del deudor, conforme lo prevé el numeral 24.2 del Artículo 24° de dicha ley general.

El referido procedimiento es adicional a aquellos existentes en nuestro sistema de insolvencia, regulado en el Perú por la Ley General del Sistema Concursal, que contempla tanto el Procedimiento Ordinario (iniciado generalmente a iniciativa de acreedores) y el Procedimiento Preventivo (a iniciativa de los deudores), los cuales se mantienen en vigor.

Cabe señalar que, si bien el INDECOPI publicó la “Directiva que regula las reuniones virtuales de la Junta de Acreedores, implementación y formalidades para su realización”, mediante la Resolución N°001-2020/DIR-COD-INDECOPI, aplicable a los procedimientos concursales regulados por la Ley General del Sistema Concursal y demás normas que regulen los procedimientos concursales a su cargo, no convierte a estos procedimientos en herramientas lo suficientemente expeditivas para hacer frente a la coyuntura actual.

Si bien la directiva propuesta por la Secretaría Técnica de la Comisión de Procedimientos Concursales es congruente con las normas emitidas por la emergencia sanitaria y sustituye los canales presenciales por alternativas digitales; reduciendo costos del procedimiento asociado a la realización de la junta de acreedores, no resulta ser la mejor herramienta para que la personas jurídicas celebren con sus acreedores Planes de Refinanciación expeditivos y rápidos que ayuden a proteger a la empresa, reprogramar sus obligaciones impagas y evitar su insolvencia en el breve plazo.

En efecto, el Procedimiento Ordinario y el Procedimiento Preventivo vigentes en la legislación concursal, no otorgan las condiciones expeditivas necesarias para que los deudores superen una situación como la que se vive hoy día producto del Covid-19, en tanto que, el Procedimiento Acelerado de Refinanciación Concursal aplicable a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, así como asociaciones, es un procedimiento expeditivo que concede esa eficacia para la negociación preventiva; en tanto que,  en los procedimientos  Ordinario y Preventivo solo la publicación del aviso de existencia del concurso (a partir del cual queda suspendida la exigibilidad de las obligaciones del deudor y se otorga defensa a su patrimonio) toma, en el mejor de los casos, entre 3 a 4 meses; eso los hace poco prácticos para la presente coyuntura en la que se requiere la pronta inexigibilidad de las obligaciones y la protección del patrimonio del deudor.

En este contexto de grave afectación económica encontramos en el Procedimiento Acelerado de Refinanciación Concursal una herramienta útil para viabilizar la continuidad de las operaciones de las empresas, que esperamos cuente con la debida difusión por parte del Estado y en especial del INDECOPI.