La suspensión perfecta de labores en Fiscalización posterior

La suspensión perfecta de labores en Fiscalización posterior

El 15 de abril último entró en vigor el Decreto de Urgencia N°038-2020 que reguló un  procedimiento de suspensión perfecta de labores “ad hoc” aplicable durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria decreta por el Gobierno peruano, estableciendo la posibilidad de que las empresas se acojan al mismo, de manera excepcional,  si es que no podían realizar trabajo remoto u otorgar una licencia con goce de haber (suspensión imperfecta de labores)  compensable en razón a la naturaleza de sus labores o debido a la afectación económica ocasionada por la pandemia y las medidas gubernamentales adoptadas para reducir su propagación. 

En efecto, el referido Decreto de Urgencia señalo textualmente lo siguiente: “(…) Excepcionalmente, los empleadores referidos en el numeral precedente pueden optar por la suspensión perfecta de labores exponiendo los motivos que la sustentan, para lo cual presenta por vía remota una comunicación a la Autoridad Administrativa de Trabajo con carácter de declaración jurada según formato que como Anexo forma parte del presente Decreto de Urgencia, el cual se publica en el portal institucional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (www.gob.pe/mtpe), en la misma fecha de la publicación de la presente norma en el Diario Oficial El Peruano. Dicha comunicación está sujeta a verificación posterior a cargo de la Autoridad Inspectiva de Trabajo, en un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles de presentada la comunicación, de los aspectos mencionados en el numeral 3.4(…)”.

El 21 de abril se publicó el Decreto Supremo N°011-2020-TR, vigente desde el 22 de abril, el cual detalló lo que debía entenderse por imposibilidad de aplicar el trabajo remoto por la naturaleza de las actividades; la imposibilidad de aplicar licencia con goce compensable por la naturaleza de las  actividades y la imposibilidad de aplicar el trabajo remoto o licencia con goce de haber por el nivel de afectación económica, esto último a través de un ratio que resultaba de dividir el valor de planilla entre los ingresos netos (casilla 301 del PDT 621).

El referido Decreto Supremo señalo expresamente, además: “(…) Agotada la posibilidad de implementar las medidas alternativas previstas en el artículo 4 del presente decreto supremo, el empleador puede excepcionalmente aplicar la suspensión perfecta de labores prevista en el numeral 3.2. del artículo 3 del Decreto de Urgencia Nº038-2020 (…) La suspensión perfecta de labores implica el cese temporal de la obligación del trabajador de prestar el servicio y la del empleador de pagar la remuneración respectiva, sin extinción del vínculo laboral; pudiendo comprender a uno o más trabajadores (…) La aplicación de la suspensión perfecta de labores en ningún caso puede afectar derechos  fundamentales de los trabajadores, como es el caso de la libertad sindical, la protección de la mujer embarazada o la prohibición del trato discriminatorio (…) Los empleadores que deseen acogerse al procedimiento de suspensión perfecta de labores deben comunicarlo previamente a los trabajadores afectados y a sus representantes elegidos, de existir, de manera física o utilizando los medios informáticos correspondientes. Efectuado ello, el empleador presenta la comunicación de suspensión perfecta de labores, por vía remota, a la Autoridad Administrativa de Trabajo, según el formato anexo al Decreto de Urgencia Nº038-2020, pudiendo adjuntar, de ser el caso, cualquier documento que el empleador estime conveniente remitir a fin de respaldar su comunicación (…).

Como puede verse de las normas antes señaladas, la solicitud de suspensión perfecta de labores se estableció como un mecanismo de verificación posterior en el que el empleador no solo esta en la obligación de acreditar documentalmente haber cumplido con el procedimiento para acogerse al mismo, como, por ejemplo, la comunicación previa al trabajador y el agotamiento de la negociación previa con este, sino principalmente, la causal especifica en la cual alega estar inmerso.

Las referidas normas indicaron que, dentro de los 30 días de comunicada la suspensión perfecta de labores, la Sunafil debía realizar una verificación de la causa invocada, lo cual se extenderá inclusive al cumplimiento del procedimiento previo. Para ello, la Sunafil cuenta con el Protocolo Nº004-2020-SUNAFIL/INII, “Protocolo sobre la realización de acciones preliminares y actuaciones inspectivas, respecto a la verificación de la suspensión perfecta de labores”, aprobado por Resolución de Superintendencia N°076-2020-SUNAFIL.

El citado protocolo señala que, dentro de las 48 horas siguientes de recibida la comunicación por el portal web, la Autoridad Administrativa de Trabajo solicita la actuación de Sunafil para la verificación de hechos sobre la suspensión perfecta de labores, teniendo en cuenta la información que el empleador haya remitido juntamente con la declaración jurada. A partir de dicha solicitud, Sunafil tiene un plazo de 30 días hábiles para realizar su labor inspectiva.

Una vez iniciada la inspección, el empleador deberá remitir la documentación solicitada por Sunafil en un plazo de 3 días hábiles, si se trata de una micro y pequeña empresa y 5 días hábiles para el caso de las medianas y grandes empresas. La remisión puede efectuarse mediante correo electrónico u otra herramienta tecnológica de información y comunicación habilitada para tal efecto.

Cabe señalar que las empresas deberán ser cautelosas al momento de remitir sus respuestas, ya que la información que se remita sustentará la razón invocada para aplicar la suspensión perfecta de labores. Asimismo, deberá listarse a los trabajadores incluidos en el grupo de riesgo, indicando si están comprendidos en la suspensión perfecta de labores.  Sunafil podrá, además, contactar a los trabajadores incluidos en la medida de suspensión para efectuar preguntas con relación a la misma.

Sunafil deberá culminar su verificación en un plazo improrrogable no mayor a 15 días hábiles de iniciada la diligencia, remitiendo a la Autoridad Administrativa de Trabajo la información recabada dentro de los 2 días hábiles siguientes de la última diligencia efectuada. Recibido el informe de la Sunafil y previa evaluación de este, la Autoridad Administrativa de Trabajo expedirá la resolución respectiva, aprobando o rechazando la medida de suspensión aplicada por el empleador. Será de vital importancia presentar los sustentos adecuados para que la medida de suspensión sea declarada fundada, y en caso ello no ocurra, interponer los medios impugnatorios que correspondan.